El 30-12-23 por la mañana tuvo lugar en Madrid una Marcha motorizada reivindicativa por autopistas y calles para protestar por las nuevas restricciones que entrarán en vigor a partir del 1-1-24 dentro del plan Madrid 360, en la que participaron cerca de 200 vehículos entre coches, motocicletas y furgonetas.
La marcha salió de Valdebebas y recorrió varios tramos de la M-40, y calles de los barrios de Hortaleza, Canillas, Canillejas, Ciudad Lineal, La Elipa, Moratalaz y Vallecas, pasando por el puente de Ventas y finalizando frente a la Asamblea de la Comunidad de Madrid, sede del gobierno regional que tanto dice defender a los madrileños y la “Libertad”.
Los vehículos estaban decorados con carteles como "Nosotros pagamos, nosotros circulamos", "Políticos mi vehículo no va al desguace: Votaré en consecuencia", o "Libertad de circulación", que llamaron la atención de los peatones y de otros conductores.
La entrada en funcionamiento de la nueva fase de la Zona de bajas emisiones “Madrid ZBE” (Madrid Total) de 604 km2 supone que desde el 1-1-24, unos 440.000 turismos de residentes en la Comunidad de Madrid que no pagan el IVTM en la capital no van a poder circular por ninguna vía pública urbana de titularidad municipal del municipio de Madrid, con las dificultades que esto va a suponer para llegar a centros de trabajo, hospitales, colegios, guarderías, clínicas veterinarias, comercios, talleres, hostelería, etc...
Estas restricciones suponen realizar una triple discriminación en los criterios de acceso y circulación: entre propietarios de turismos y de otros vehículos; entre personas que pagan el IVTM en un municipio y los que no lo pagan; y en función de la antigüedad del vehículo.
Si los coches que no pueden circular son los más antiguos y los que sí pueden hacerlo son los más modernos (y los más caros) ¿Se regula la libre circulación de los ciudadanos en función de su renta y patrimonio?
Por otro lado, todos los vehículos que no puedan acceder a las vías públicas urbanas de Madrid se van a derivar hacia autopistas como la M-40 o la M-50 aumentando el tráfico y los atascos y, por consiguiente, van a provocar lo que se pretende evitar: más contaminación, más kilómetros recorridos para llegar a su destino y más gasto en combustible. En otros casos, se va a producir un mayor uso del transporte público que no está preparado para absorber un aumento de 272.000 viajeros (el 62 % de estos conductores) que son los que estima el ayuntamiento que tendrán que usar el transporte público, todo ello dentro de una situación de inflación y de crisis económica fruto de la cual muchas familias no pueden renovar su vehículo. Para muchos autónomos, el vehículo es imprescindible para desarrollar su trabajo y para cientos o miles de asalariados es necesario para poder desplazarse en un tiempo prudencial al trabajo y poder conciliar vida laboral y familiar. Estas restricciones al uso del vehículo privado suponen, además, cientos de horas perdidas de nuestras vidas al año en las que se pierde conciliación familiar y tiempo personal para el ocio o el descanso. Y el tiempo, amigos, no tiene precio y no puede recuperarse.
Es interesante recordar que los vehículos son de las personas y que muchas viven fuera de núcleos urbanos y necesitan ir a trabajar. No todo el mundo puede ir a trabajar en transporte público porque no todo el mundo vive en lugares con autobuses, metro o cercanías a una distancia y con horarios razonables, y el plan de crear aparcamientos disuasorios en la periferia por parte del Ayuntamiento (gobernado por el Alcalde que iba a acabar con Madrid Central y eliminar las restricciones) lleva años paralizado.
Video de la marcha
